- La Fundación Rioja Salud margina al Comité de Empresa en los procesos de selección de personal, omite la promoción interna y prescinde de los procesos de movilidad
- Además, se desprecia la opinión y las normas establecidas por el área de Recursos Humanos de la Fundación y se diseñan procesos de selección de personal a medida y sin garantías ni control
El diputado regional Miguel González de Legarra ha aportado nuevos detalles sobre lo que está sucediendo en la Fundación Rioja Salud, organismo en el que “el verdadero problema lo encontramos en la figura de su gerente, Juan Carlos Oliva”. Y es que Oliva “es quien tiene la responsabilidad de garantizar la legalidad de los procedimientos y la obligación de velar por el cumplimiento del Convenio Colectivo y la de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público”.
Y lo que estamos viendo bajo su dirección “es extraordinariamente preocupante, porque refleja una manera de entender la administración pública que consiste en rodearse de personas afines, concentrar el poder de decisión, debilitar los controles internos y actuar como si una fundación pública fuera una propiedad privada”. Y todo, “con una absoluta falta de transparencia y eludiendo el control parlamentario”.
González de Legarra ha recordado que ya en el anterior mandato de María Martín como consejera de Salud “se deslizaron sospechas de irregularidades administrativas en numerosas contrataciones que, aparentemente, vulneraban el Convenio Colectivo de la Fundación, y que incluso llegaron a provocar la negativa del Comité de Empresa a firmar las actas de los procesos de selección por falta de garantías”. Pues bien, ese mismo patrón de conducta en la selección de personal “se está repitiendo en la actualidad, y con la llegada de Juan Carlos Oliva a la gerencia también sabemos que se ha llegado al extremo de realizar contrataciones de personas cercanas a su entorno personal y profesional sin que se hayan convocado los correspondientes procesos públicos de selección”.
Miguel González de Legarra ha asegurado que “tampoco se están promoviendo procesos de movilidad, ni de promoción interna, con lo que también se están vulnerando los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben presidir toda contratación pública, incluidas las del sector público”.
Y esta situación ha provocado que el Área de Recursos Humanos de la Fundación Rioja Salud “se haya negado a avalar estas prácticas irregulares”. Ante este plante de su departamento interno, la solución que ha encontrado Oliva ha sido “contratar a dedo a un nuevo trabajador que se sitúa por encima del propio departamento de Recursos Humanos, contratación que también se ha hecho sin proceso selectivo y con el objetivo de eludir los procedimientos internos y las exigencias que fija el propio Convenio Colectivo”.
El diputado socialista ha explicado que la consecuencia de todo esto es que “desde el pasado 20 de diciembre, el Comité de Empresa, cuya participación en los procesos selectivos es obligatoria según el artículo 15 del Convenio Colectivo de la Fundación, no está interviniendo en ninguna convocatoria de selección de personal impulsada por la Dirección Gerencia de la Fundación Rioja Salud”.
Miguel González de Legarra ha insistido en que el Partido Popular y el Gobierno de Gonzalo Capellán “tratan a las entidades del sector público como si fueran suyas”. Porque Juan Carlos Oliva “sigue siendo gerente porque María Martín quiere que siga siendo gerente, y esta responsabilidad alcanza también al presidente Capellán”. Por eso, “exigimos explicaciones públicas, transparencia y rendición de cuentas”. Lo que reclamamos, ha añadido el diputado socialista, es que “se aporte al Parlamento de La Rioja toda la información y toda la documentación vinculada a la gestión de los recursos humanos de la Fundación Rioja Salud y del CIBIR que se viene negando o escamoteando sistemáticamente a los diputados”. Finalmente, González de Legarra ha señalado que Oliva “percibe un salario de 74.848 euros anuales, cuando los gerentes del Consorcio de Extinción de Incendios, del Instituto de Estudios Riojanos o de la ADER reciben una retribución equiparable a la de un director general, 69.515,36 euros, o cuando el viceconsejero de Salud cobra 72.825,65 euros”.
