La diputada Socialista María Somalo ha lamentado que el Gobierno del PP “sea incapaz de escuchar el clamor que existe en contra de una Resolución que deteriora el servicio público y que es contraria a derecho”. No puede ser, ha dicho Somalo, “que un Gobierno viva tan de espaldas a la ciudadanía, sobre todo en un asunto tan sensible como el que afecta al cuidado de nuestros mayores”.
María Somalo ha señalado que “es absolutamente incomprensible que el Gobierno de Capellán mantenga activa una Resolución que es contraria a derecho”. De hecho, Somalo ha explicado que “la justicia riojana ha determinado recientemente que la falta estructural de personal en el ámbito sociosanitario no es causa legal para incumplir contratos administrativos y eximir de la imposición de penalidades; las sentencias dicen que no es causa de fuerza mayor”. Además, “la falta de personal mínimo en residencias constituye una infracción grave según la Ley de Contratos del Sector Público y los propios Pliegos de Cláusulas Administrativas de los contratos”.
La diputada Socialista ha recordado que el argumento que esgrime ahora el Gobierno del PP es que esta Resolución es algo ‘temporal’. Pero la realidad es, ha dicho Somalo, “que en el texto de la Resolución en ningún momento se apunta a la temporalidad de la medida”.
María Somalo ha afirmado que eximir a las empresas adjudicatarias del sector de la Dependencia de la imposición de sanciones ante posibles incumplimientos de las ratios de personal en residencias y centros de día para mayores “supone, además, un claro deterioro de este servicio que pone en riesgo el sistema de atención a la dependencia en La Rioja”. Esta medida también significa “sobrecarga de actividad en la personal existente, e incentiva el incumplimiento frente a los centros que vienen aplicando correctamente las ratios y destinan recursos a esta atención”.
La diputada Socialista ha aseverado que “es lamentable que el Gobierno de Capellán alegue que esta medida ya se tomó en la pasada legislatura, cuando el contexto es radicalmente distinto”. Somalo ha recordado que la Resolución del Gobierno anterior “no fue contestada ni cuestionada por nadie, ni objeto de recursos contenciosos como lo es está y tenía tasada su duración en tanto durase el estado de alarma y las medidas excepcionales adoptadas como consecuencia de la pandemia”. Además, “era mucho más restringida en cuanto al personal y al tipo de centros a los que afectaba”.
Lo que está haciendo el Gobierno de Capellán, ha dicho Somalo, “es desviar la atención de los residentes a terceros ajenos al centro, en concreto, a las propias familias y al sistema público de salud”.
Por eso, Somalo ha insistido una vez más en exigir al Gobierno de Capellán “que retire de inmediata esta medida injusta, contraria a derecho y que perjudica la calidad del servicio que se presta a las personas con dependencia y que únicamente beneficia a las empresas gestoras”.
