La diputada regional asegura que La Rioja recibirá 25 millones de euros más del Gobierno de España para financiar el nivel mínimo de la dependencia
Somalo exige al Ejecutivo regional que se ponga a trabajar y a gestionar con más eficacia este asunto, ya que hasta ahora su desidia se ha traducido en una pérdida de recursos
La diputada regional María Somalo ha explicado que el real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros hace unos días para ampliar las cuantías que el Estado aporta al Sistema de Dependencia “supondrá un importante incremento de las cantidades que el Gobierno de España transfiere cada mes a las comunidades autónomas”. Esta ampliación de las cuantías “entra en vigor hoy, y supondrá 6.200 millones de euros más en 2026 y 2027 respecto a los últimos presupuestos”. Con esto, “se cumplirá el compromiso de alcanzar el 50% de aportación del Estado a la dependencia en 2027”.
En el caso de La Rioja, Somalo ha afirmado que, según los últimos datos, en nuestra comunidad “hay 9.668 personas con prestaciones reconocidas”. Así, el Estado “transferirá 25 millones de euros más al Gobierno de La Rioja entre 2026 y 2027, solo en el nivel mínimo”. Estas cifras “demuestran el compromiso inquebrantable del Gobierno de España con el sistema de dependencia”.
Por el contrario, la diputada regional ha recordado que “los recortes acometidos por el Gobierno de Mariano Rajoy se tradujeron en la supresión del nivel acordado de financiación de la dependencia”. Afortunadamente, el Gobierno de Pedro Sánchez “recuperó en 2021 esta financiación del nivel acordado, incrementando, además, la aportación del Estado”.
María Somalo ha exigido una vez más al Ejecutivo de Gonzalo Capellán “que se ponga a trabajar y a gestionar con más eficacia la dependencia, ya que hasta ahora su negligencia y desidia se ha traducido en una pérdida de recursos”. Y, también, ha recordado que Gobierno regional “ha desviado más de 12 millones de euros del presupuesto para la dependencia para pagar otros gastos”. La diputada regional ha denunciado que “estamos ante un ejemplo más de mala gestión y ante un evidente desinterés del Gobierno de Capellán por las personas más vulnerables”.
