El diputado regional Jesús María García ha recordado que desde el mismo día en que apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado la Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de construcción de una línea de transporte eléctrico entre Tauste y Júndiz impulsada por la empresa Forestaría, el Ejecutivo regional y el Partido Popular “no han hecho otra cosa que mentir, manipular y sobreactuar ante la ciudadanía”. García ha señalado que el Gobierno de Capellán “abandona su responsabilidad y realiza toda clase de artimañas espurias para intentar trasladar la sensación de que el Gobierno de España impulsa esta línea”.
El diputado Socialista ha dicho que esta línea de alta tensión “nunca será una realidad sobre el terreno gracias a que la Declaración de Impacto Ambiental condicionada que dictó el ministerio de Transición Ecológica supedita la construcción y el futuro del proyecto a que el Gobierno de La Rioja lo autorice”.
Así, Jesús María García ha asegurado que “esta línea de alta tensión solo saldrá adelante si el Ejecutivo regional se muestra favorable”. Por eso, ha añadido García, “exigimos a Noemí Manzanos y a Gonzalo Capellán que dejen de hacer demagogia y que se pongan a trabajar, porque son ellos los que tienen capacidad para que el proyecto siga adelante o se paralice de forma definitiva”.
El diputado Socialista ha denunciado “el populismo en el que está instalado el Gobierno regional, populismo que deja episodios como el de usar una respuesta oficial de la ministra de Transición Ecológica para extraer una frase suelta y sacada de contexto y hacer ver en el parlamento de La Rioja que el sentido de la carta era exactamente el contrario”. Es intolerable que la consejera Manzanos “invierta más esfuerzos en intentar engañar a la opinión pública, que en frenar el desarrollo de la línea de transporte”.
García ha recordado que “hasta el momento el Gobierno regional no ha hecho ninguna gestión en condiciones para frenar la línea”. Lo único que han aportado son “Leyes absurdas, como la que se aprobó en el parlamento para paralizar la puesta en marcha de pequeños proyectos de energía fotovoltaica, o presentar recursos igualmente absurdos en los tribunales, cuando lo único que tienen que hacer es solicitar informes técnicos a sus propias direcciones generales para tumbar el proyecto para siempre”.
