Villuendas (GPS) censura las “falsedades y arbitrariedades” del PP con la LOMLOE y exige “respeto y serenidad”

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  • La diputada socialista subraya que la LOMLOE, frente a la LOMCE, “ha sido una Ley ampliamente debatida” y recuerda que “no existe un derecho absoluto de elección de centro”, sino que corresponde al Gobierno regional la planificación educativa de la comunidad
  • El GPS vota a favor de controlar la supuesta voluntariedad de las cuotas que cobran los colegios concertados a las familias 


Logroño, 4 de febrero de 2021.- La portavoz de Educación del Grupo Socialista en el Parlamento riojano, Teresa Villuendas, ha salido esta mañana en el pleno celebrado al paso de las “falsedades e interpretaciones arbitrarias del PP” en torno a la puesta en marcha de la LOMLOE. Acusaciones sobre “afrentas, atentados, golpes mortales a las libertades civiles, a la educación, atentado a las libertades, atentado a la cohesión social, claudicación y llamada a la fuerza de la democracia, entre otras, que me producen vergüenza y no sólo por su discurso en referencia al sistema educativo, sino también a sus responsables políticos”, ha censurado. 

En este sentido, en respuesta a la moción presentada por el PP en la que se coloca a la LOMLOE fuera del pacto constitucional, “ya en la exposición faltan a la verdad de manera descarada porque la LOMLOE ha sido desde el comienzo de su andadura una Ley ampliamente debatida”, ha explicado. En este sentido, y ya en el turno de réplica, Villuendas ha recordado que “el informe del Anteproyecto de Ley fue aprobado por la mayoría absoluta del Consejo Escolar del Estado; recoge aportaciones de la mayor parte de las comunidades, de los Consejos escolares Autonómicos, de varios ministerios y es fruto de innumerables reuniones con asociaciones, colectivos, organizaciones y sindicatos pertenecientes al ámbito de la Educación; e incluso se presentaron 300 enmiendas procedentes del Consejo Escolar del Estado”. E igualmente, ha recordado la incoherencia que suponen las acusaciones del PP a este respecto cuando “en 2013 aprobó la LOMCE con los únicos votos desde la mayoría absoluta”.

En la misma línea, la portavoz socialista ha criticado la postura del PP “ya que mientras se autodenominan constitucionalistas son los primeros que se niegan a cumplir con la Constitución bloqueando las Instituciones y recurriendo al Constitucional cualquier Ley que suponga un cambio hacia la modernidad y un avance en derechos y libertades sociales”. 

De hecho, Villuendas ha censurado la interpretación sesgada del artículo 27.3 y ha recordado tanto a PP como Ciudadanos que “no existe un derecho constitucional absoluto a la elección de centro” e incluso así lo limita la ley “para que entre otras cosas, no se produzca el absurdo de que todos los centros sostenidos con fondos públicos, incluso los privados, se vean obligados a  admitir a todos los solicitantes de plaza en ellos así multipliquen la capacidad organizativa del centro”, ha explicado.

En este sentido, “el Gobierno tiene la obligación de hacer efectivo el derecho a la educación, a ofertar por lo tanto el número de plazas suficientes para que la gratuidad de la educación obligatoria sea un hecho”. Igualmente, “el gobierno tiene que poner todos los recursos necesarios para asegurar una educación de calidad y el Gobierno de La Rioja es quien tiene la responsabilidad y la obligación de disponer la planificación educativa de la comunidad”, ha planteado. 

Y todo ello en base a una Ley “que viene a dar respuesta a la diversidad, a la inclusión y al principio de equidad. Una Ley ampliamente debatida y que respeta a la Educación concertada, y que mantiene su compromiso de financiación con los centros que cumplan con la función social para la que son financiados”. 

Igualmente, Teresa Villuendas ha instado a los grupos de la oposición a que se lean la Disposición Adicional Cuarta de la Ley, que deja bien claro que en los próximos diez años se va a dotar a los centros ordinarios de los recursos necesarios para que las familias que quieran escolarizar a sus hijos en estos centros lo hagan con todas las medidas adaptadas a sus necesidades, al tiempo que los centros de educación especial seguirán atendiendo a los alumnos con necesidades más específicas y serán centros de referencia de los propios centros ordinarios. “Decir lo contrario es crear una falsa alarma y mentir a un colectivo especialmente vulnerable”, ha censurado.

Por último, la portavoz socialista ha aclarado que “no pedimos ni siquiera su apoyo en la puesta en marcha de la LOMLOE, aunque nos gustaría, tan sólo pedimos que se serenen y respeten la voluntad que los ciudadanos expresaron en las urnas”, ha concluido.

PNL sobre pago de actividades complementarias

Por otro lado, el Grupo Parlamentario Socialista ha votado a favor de la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Mixto, que insta al Gobierno riojano a realizar un control para comprobar si las cuotas que cobran los colegios concertados a las familias de los alumnos y alumnas son cuotas forzosas o voluntarias. Una PNL que, en opinión de la portavoz socialista, “busca cumplir con el objetivo de que los centros financiados con fondos públicos cumplan con un principio esencial es la escolarización del alumnado en igualdad de condiciones; que las aportaciones como contraprestación de un servicio y las donaciones voluntarias no sea un hecho de discriminación; e impulsar la transparencia de los centros concertados respecto a las aportaciones y donaciones sea un hecho”.

En este sentido, ha recordado que “el pago de los servicios escolares complementarios corresponden a actividades organizadas por los centros docentes, de acuerdo con su proyecto educativo, durante el horario escolar”. Un servicio que “debe carecer de ánimo de lucro, ser voluntarias para alumnos y profesores y no constituir discriminación para ningún miembro de la Comunidad educativa”.

Y en este sentido, ha recordado que “las donaciones  deben  ser voluntarias, y no debe haber por parte de los centros concertados ninguna orientación para que las familias se vean presionadas al respecto”.

En cualquier caso, Villuendas ha reconocido que “las cuotas para satisfacer estas actividades han sido motivo de quejas por parte de las familias”, que “a pesar de sospechar que las cuotas no eran legales ni se correspondían con el motivo del cobro, muchas familias no denuncian por el temor a que sus hijos se vean señalados”. Por lo que “la administración educativa es quien debe controlar, supervisar, inspeccionar y hacer cumplir a los centros con la legalidad vigente”, ha explicado.  

De hecho, existe “falta de transparencia, centros que no ofrecen hojas de precios bien identificadas, sin mencionar el carácter no lucrativo de la actividad obligatorio por ley e incluso centros que llegan a cobrar cuota voluntaria por su proyecto educativo”, ha relatado. Por ello, teniendo en cuenta que “hay cuotas que son una criba para la selección del alumnado” es necesario que la Administración educativa “valore, supervise y autorice las cantidades a percibir por cada centro concertado como contraprestación por el desarrollo de los servicios escolares complementarios que se lleven a cabo en cada curso escolar”, ha planteado.

Por último, ha reiterado que “este asunto nos ocupa y preocupa a los socialistas muy especialmente” por lo que ha procedido a su voto favorable “por convicción, porque su aplicación garantiza la igualdad de oportunidades y porque queremos acabar con unas prácticas injustas y que discriminan a los alumnos por motivos socioeconómicos”, ha concluido.