Violencias machistas: En 6 meses, del inmovilismo a la acción

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Sin mujeres, no hay democracia. Una democracia sana, fuerte y completa no puede permitir que las mujeres no tengan garantizada su seguridad, sus derechos y la igualdad real y plena. Una democracia que cumple ya 40 años debe velar para que la mitad de la población, las mujeres, no se vean amenazas, inseguras y asesinadas. Una democracia debe erradicar y luchar contra el terrorismo y la violencia de género lo es. Es terrorismo machista. Una sociedad no se puede permitir el terrible drama de la violencia machista y no puede mirar para otro lado cuando estamos conociendo demasiadas sentencias que producen dolor y, también, desafección hacia la justicia.

972 mujeres han sido asesinadas desde 2003. Desde hace 1 año, por fin, y tras el intenso y largo trabajo impulsado por el PSOE,  tenemos un Pacto de Estado para luchar contra la Violencia de Género. Contiene más de 200 medidas. Y el gobierno del PP lo mantuvo inerte, congelado y sin presupuesto hasta que el PSOE llegó a Moncloa.

De las palabras a los hechos. El de Pedro Sánchez es un gobierno feminista que está haciendo de la igualdad una bandera que vertebra  su acción de gobierno y las iniciativas legislativas que está impulsando desde hace seis meses. Del inmovilismo a la acción: desde junio se han puesto en funcionamiento muchas de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Un mes después de llegar al gobierno,  se acordaron por unanimidad los criterios para el reparto de los 100 millones de euros correspondientes a las CCAA y ciudades Autónomas previstos en el Pacto de Estado, y se distribuyó el fondo procedente de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género de 9,5 millones de euros. También se aprobaron los criterios para el reparto de los 20 millones de euros contemplados para los Ayuntamientos.

En agosto, el Consejo de Ministros  aprobó un Real Decreto Ley que ya sido convalidado por unanimidad en el Congreso de los Diputados, que:

  • Devuelve las competencias a los Ayuntamientos en la promoción de la Igualdad y la lucha contra la Violencia de Género, y establece el reparto de los 20 millones de euros comprometidos en el Pacto, que se doblarán hasta 40 millones en el próximo año. Los Ayuntamientos son una pieza imprescindible en esta batalla, el primer recurso y en ocasiones el único, que tienen a su alcance las víctimas.
  • Modifica la Ley Integral contra la Violencia de Género para mejorar la asistencia en los procesos judiciales y facilitar el acceso a los recursos de asistencia, al introducir que la acreditación de situaciones de violencia pueda realizarse a efectos administrativos mediante informe de los servicios sociales o de los servicios de acogida. De esta manera se facilita el acceso a derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social.
  • Modifica el Código Civil para que los menores expuestos a Violencia de Género sólo necesiten el permiso de un progenitor para recibir atención psicológica. Porque un maltratador no puede ser un buen padre.

Por otro lado, se ha vuelto a poner en funcionamiento el Observatorio de Salud de las Mujeres. También se ha previsto soluciones habitacionales para mujeres víctimas de Violencia de Género dentro del Plan Estatal de Vivienda. Y el próximo curso escolar contará con asignaturas en valores y derechos de igualdad.

El Congreso de los Diputados ha admitido a trámite la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista para garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, para avanzar en la igualdad efectiva en el ámbito empresarial y laboral.

Y nos hemos comprometido, en los Presupuestos para 2019, a financiar de manera completa el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Se ha previsto un incremento presupuestario del 10 por ciento para combatir las violencias machistas.

Y en estos días en los que contemplamos, perplejos, sentencias, algunas de ellas dictadas por el mismo tribunal que juzgó a La Manada y que sacó a las calles a miles de mujeres indignadas, el gobierno sigue trabajando en iniciativas que promuevan la empatía jueces y fiscales hacia las mujeres que denuncian agresiones sexuales o violencia de género. Así, se está tramitando en el Congreso de los Diputados la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el objetivo de formar a los jueces y magistrados en materia de igualdad, así como para aumentar el número de juzgados de lo penal especializados en violencia machista. Además, el ministerio de Justicia ha encargado a un grupo de expertas y expertos que aclare el concepto de agresión sexual y de violación y que introduzca modificaciones en el Código Penal. Y es que algo está fallando cuando una mujer que ha denunciado una violación tiene que demostrar ante un juez más que su violador.

En esta lucha no hay tiempo que perder. Hace falta celeridad, urgencia, eficacia y lealtad al Pacto de Estado. En este compromiso político está el gobierno del PSOE.