La Ley de Memoria Democrática permitirá la reconciliación y la justicia con los grandes olvidados por la dictadura

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  • Victoria de Pablo: “Tengo la esperanza de que, dada la sensibilidad que demostró el ex presidente José Ignacio Ceniceros en esta materia, en La Rioja sea posible el consenso en el cumplimiento de la Ley. Las víctimas riojanas se lo merecen”

Logroño, 17 de septiembre de 2020.- La senadora Victoria De Pablo ha valorado hoy el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática aprobada el pasado martes por el Consejo de Ministros. Un anteproyecto “que permitirá superar el pasado para hablar de reconciliación y al mismo tiempo hacer justicia, al fin, con los grandes olvidados de la dictadura, entre ellos los 2.000 asesinados en La Rioja y los miles de encarcelados y represaliados por la dictadura cuyo dolor aún sigue vivo entre muchas familias riojanas”, ha expresado.

Tal y como ha relatado, esta Ley de cumple con un doble objetivo: por un lado, la recuperación y difusión de la memoria democrática, el conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales y el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista. “Todo ello con la finalidad de promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva, ya que la ley declara expresamente el repudio y condena del golpe de estado y la posterior dictadura, en afirmación de los principios y valores democráticos y la dignidad de las víctimas”, concreta.

Y por otro lado, trece años después de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y tras la completa paralización y abandono que sufrió durante los gobiernos de Mariano Rajoy, se revisa y resuelve algunos déficits históricos, tales como el reconocimiento explícito del papel que ha desempeñado el movimiento memorialista, creando un órgano para su participación y consulta. “Sin la labor de asociaciones como La Barranca en la Rioja, se habría perdido parte de nuestra historia y esta Ley reconoce de manera explícita su incalculable contribución”, ha subrayado.

La ley se vertebra en torno a los principios internacionales del derecho humanitario de verdad, justicia, reparación y deber de memoria como garantía de no repetición, para cuyo efecto prevé la creación de una Comisión de investigación y cumplimiento de estos principios.

Para hacer efectivo el derecho de las víctimas a la verdad incorpora la obligatoriedad de las administraciones públicas de asumir el liderazgo de la búsqueda de personas desaparecidas durante la guerra civil española y la dictadura como una responsabilidad de estado; se establecen la planificación de actuaciones como un plan cuatrienal de exhumaciones; se aplican protocolos científicos para la elaboración de un mapa de fosas integrado; y crea un banco nacional de ADN de víctimas de la guerra civil y la dictadura, para su identificación mediante la recepción de sus muestras biológicas y la de sus familiares.

En cuanto a las actuaciones desde la perspectiva del principio de justicia, se garantiza el derecho a la investigación de las violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario ocurridas con ocasión de la guerra civil y la dictadura y se crea una Fiscalía especial de Memoria Democrática.

En cuanto a las novedades de reparación, destaca la realización de un inventario, sobre los bienes expoliados por razones políticas, ideológicas, de conciencia o de creencia religiosa durante la guerra civil española y la dictadura franquista.


“La memoria democrática entrará en la escuela”

Por último, en relación con el deber de memoria, como garantía de la no repetición “cabe destacar que la memoria democrática entrará en la escuela, incluyendo entre los fines del sistema educativo español el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española, así como la lucha por los valores y libertades democráticas”, ha valorado.

Al mismo tiempo, se fomentará la investigación en materia de memoria democrática, “un campo en el que La Rioja ya va por delante con el trabajo realizado por la Universidad de La Rioja”, puntualiza. Además, se plantea la resignificación del valle de los caídos y se establecen las medidas para evitar la exaltación de la guerra civil y la dictadura franquista.

Además, una de las grandes novedades será el establecimiento de un régimen sancionador en garantía del cumplimiento de los preceptos de la ley. “En definitiva, se trata de un gran paso adelante en las políticas públicas de memoria de nuestro país, que entronca con lo más avanzado del derecho humanitario internacional, dignifica a las víctimas de nuestra guerra civil y dictadura y afianza nuestra democracia”.

Por último, la senadora socialista ha manifestado su “esperanza de que en La Rioja sea posible conseguir un amplio consenso en el cumplimiento de esta Ley, dada la sensibilidad que demostró el ex presidente José Ignacio Ceniceros en esta materia. Confío en que lo mismo que el PSOE apoyó sus iniciativas estando en la oposición, ahora el PP haga lo mismo, y deje aparte el sectarismo. Las víctimas riojanas lo merecen”, ha concluido.