La Justicia confirma que el Gobierno de La Rioja protegió de manera eficaz y diligente a los empleados públicos ante la pandemia

Comparte esto:

La Consejería de Gobernanza Pública salvaguardóla salud de los trabajadores de la CAR al tiempo que garantizó la continuidad del servicio público

• La resolución emitida por la Dirección General de Función Pública recogía las directrices marcadas por la Secretaría de Estado con anterioridad a la propia declaración del estado de alarma

• La gestión fue ajustada a derecho y ejemplo de una administración eficiente, moderna e inteligente

Logroño, 7 de septiembre de 2020.- El Juzgado de lo Contencioso número 1 de Logroño ha confirmado que el Gobierno de La Rioja actuó de manera eficaz y diligente en la reestructuración de los empleados públicos al inicio de la crisis del COVID-19. El Juzgado rechaza el recurso presentado por CSIF y echa por tierra su argumentación sobre vulneración de los derechos de libertad sindical.

La Dirección General de Función Pública y la Consejería de Gobernanza Pública actuaron con la celeridad necesaria para salvaguardar la salud de los empleados públicos incluso antes de la declaración del estado de alarma, mediante una resolución emitida el 11 de marzo de 2020. Una decisión que permitió proteger a los trabajadores desde el inicio de la crisis sanitaria al tiempo que se implementó eficazmente para garantizar la continuidad de la administración y el servicio público a los ciudadanos.

En este sentido, la gestión de los entonces titulares de Gobernanza Pública y Función Pública, Francisco Ocón y Carlos Arriazu, no sólo respetó el derecho de libertad sindical sino que se adoptó buscando siempre el equilibrio entre la salvaguarda de la salud y el correcto funcionamiento administrativo; y así se hizo partícipes a los representantes legales de los trabajadores en las distintas reuniones que se mantuvieron al respecto. 

Por ello, resulta sorprendente que sea la propia CSIF, representante de los intereses de los trabajadores, quién haya recurrido una resolución que no sólo priorizaba la salud de los empleados públicos, sino que permitía aspectos tan importantes para la conciliación laboral como el teletrabajo, así como otras herramientas eficaces como la flexibilidad de jornada laboral, la posibilidad de cambio de turnos e incluso un permiso retribuido por deber inexcusable. Unas medidas implementadas, además, en línea con las adoptadas por la propia Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública. 

En definitiva, la gestión sobre los empleados públicos riojanos no solo fue adecuada, eficaz y ajustada a derecho, sino que su rápida aplicación fue ejemplo de una administración eficiente, moderna e inteligente.