El Senado aprueba por unanimidad una moción con una enmienda del PSOE en defensa de los empleados públicos temporales en fraude de ley

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Logroño/Madrid, 13 de octubre de 2020.- La Comisión de Función Pública del Senado, en la que ha participado como vicepresidenta la senadora socialista Victoria de Pablo, ha aprobado hoy por unanimidad una moción con una enmienda del PSOE en defensa de los empleados públicos temporales en fraude de ley. Un compromiso claro e inequívoco en la búsqueda de una solución a los 800.000 empleados públicos temporales que prestan sus servicios en las distintas administraciones españolas. 

El texto de la enmienda socialista propone, en primer lugar, impulsar en el marco de la Conferencia Sectorial de la Administración Pública, una reforma consensuada del Estatuto Básico del Empleado Público, que ofrezca respuesta a la Sentencia del TJUE, de fecha 19 de marco de 2020, y demás jurisprudencia relativa a lo establecido en la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999.  Y, en segundo lugar, reducir la temporalidad en las administraciones públicas, previo diálogo con las Comunidades Autónomas y la FEMP para dar respuestas legales de estabilización de los empleados públicos.

El PSOE, comprometido con los trabajadores, está trabajando intensamente para encontrar una solución satisfactoria con los empleados temporales en fraude de ley. Ya en el pacto de Gobierno del PSOE-Unidas Podemos, asumía la necesidad de buscar una solución a este colectivo, cuyo trabajo está siendo fundamental dentro de las administraciones públicas y cuya situación urge resolver. 

Para el PSOE los servicios públicos y en especial aquellos más afectados por esta temporalidad, los que tienen que ver con la educación, con la sanidad, con los servicios sociales, con la justicia y los servicios públicos, constituyen una garantía de igualdad y un espacio social común convivencial, en el que articular los valores constitucionales. 

Se trata de un problema que trasciende más allá de la administración del Estado, extendido en las administraciones regionales y locales, por lo que resulta necesario encontrar con las Comunidades Autónomas y con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una solución que respete los criterios de carácter abierto, los criterios de libre concurrencia, el respeto del mérito y de la capacidad. Debe surgir de la necesaria corresponsabilidad, coordinación y cooperación entre todas las administraciones para afrontar los cambios normativos evitando distintas velocidades y abordando un problema que el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha urgido a solucionar.