El PSOE acusa al PP de crear alarma social con la ocupación ilegal de viviendas, “un problema prácticamente inexistente en La Rioja”

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• En el año 2020 en La Rioja sólo ingresaron dos procedimientos judiciales por ocupación ilegal de vivienda, y uno de ellos ya está resuelto

Logroño, 3 de octubre de 2020.- El PSOE de La Rioja acusa al PP de generar una alarma social innecesaria con el asunto de la ocupación ilegal y jugar con el miedo de la sociedad en un problema que es prácticamente inexistente en La Rioja. Tal y como denuncia la senadora socialista, Victoria de Pablo, “en los últimos meses, la derecha ha decidido poner en el foco mediático la ocupación ilegal de vivienda, dando una dimensión de alarma social que es falsa”. De hecho, en el año 2020 en La Rioja sólo ingresaron dos procedimientos judiciales de ocupación ilegal y uno ya está resuelto. 

En este sentido, “las instrucciones dadas por la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Interior a los Cuerpos y fuerzas de seguridad nos permite asegurar que la respuesta es rápida y contundente”. Y es que de modo generalizado, el desalojo de una vivienda/domicilio, ocupada ilegalmente (allanamiento), se produce de manera inmediata. “No es cierto, como dice el PP que si no consigues desalojarlos en 48 horas no puedes recuperar tu vivienda”, censura De Pablo. “Es falso y no se puede jugar con el miedo ni con la inseguridad y crear alarma social en un problema que existe pero que en cifras estadísticas no es un problema relevante”. “Hagamos pedagogía y no engañemos a la ciudadanía con temas tan serios como este”, añade.

Además, cabe aclarar que la inmensa mayoría de los casos se corresponden a usurpación de pisos vacíos propiedad de bancos y otras empresas. Es decir, no se trata de primeras ni segundas viviendas habituales. Los datos estadísticos del CGPJ niegan que el fenómeno en su conjunto se haya disparado, ni tampoco que el número de casos de allanamientos sea significativo. E igualmente, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística sobre el número de condenados relativa al año 2019 así lo demuestran y revelan que la cifra de condenas por allanamiento de morada (vivienda habitual o segunda vivienda) apenas tuvo una incidencia del 0,0013%, mientras que las condenas por delito de usurpación (viviendas vacías) la incidencia apenas es del 0,13% en nuestro país y con una especial afectación en los últimos meses a inmuebles vacíos propiedad de bancos o fondos de inversión. 

En La Rioja, con solo dos casos ingresados en 2020 con datos del Ministerio de Justicia, este problema es prácticamente inexistente. “No existe un problema social con la ocupación de vivienda de modo que no está justificado el clima de alarma social que pretende sembrar el PP, actuando con total irresponsabilidad”, añade la senadora riojana.

En este sentido, “las iniciativas que presentan PP, Vox y Ciudadanos siempre concentran su atención en la ocupación por parte de movimientos organizados, pero olvidan la otra dimensión, la de la ocupación por necesidad que, sin perjuicio de su desalojo inmediato, es consecuencia de la ausencia de iniciativas de vivienda pública de las últimas legislaturas”.

Así, cabe destacar que el Gobierno actual ha aprobado diversas medidas que buscan proteger a los arrendatarios y a los propietarios más vulnerables, tales como la suspensión de los desahucios para arrendatarios que se encuentren desempleados a causa de la Covid 19, o en situación de ERTE o que hayan visto reducida su jornada o merma sustancial de ingresos o las moratorias para el pago del alquiler, prórrogas extraordinarias de los contratos de alquiler de vivienda habitual, ayudas extraordinarias para el pago de estos arrendamientos o incluso avales bancarios del Estado para personas en situación de vulnerabilidad económica y moratorias de las deudas hipotecarias, entre otros.

Además, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está trabajando en dos proyectos fundamentales en el desarrollo de la vivienda social: el Plan 20.000, para incrementar la oferta de vivienda en alquiler asequible; o el Anteproyecto de Ley por el derecho de la vivienda que contempla, entre otros aspectos, una regulación de las políticas de vivienda como servicio público de interés general, el blindaje de la función social de la vivienda o la promoción de parques públicos de vivienda estables, entre otras medidas.